D. Bashir: "Se necesitan políticas públicas valientes que pongan límites a la publicidad de alimentos insanos"
Dina Bashir, coordinadora de Justicia Alimentaria en Catalunya, ofrece la conferencia inaugural de la Semana Saludable y Sostenible titulada “Las mentiras que comemos”, donde analizará cómo la industria alimentaria utiliza estrategias publicitarias engañosas para hacer pasar productos insanos como saludables y sostenibles. En esta entrevista explica qué es el greenwashing, la influencia de la publicidad en la alimentación infantil y las alternativas para un sistema alimenticio más justo y transparente, entre otros.

-Sobre la conferencia que imparte en la UAB, ¿cuáles son, a rasgos generales, las principales "mentiras que comemos"?
En la conferencia hablamos de las "mentiras que comemos", literalmente. En Justicia Alimentaria hace tiempo que denunciamos cómo la industria alimentaria utiliza mensajes e imágenes para hacernos creer que ciertos productos son saludables, sostenibles o naturales... cuando en realidad no lo son. Es muy fácil caer en él: un envase verde, una palabra como "artesano" o "light", un famoso haciendo un anuncio, y ya nos tienen. Lo que veremos es cómo funcionan estos trucos publicitarios, qué se esconde detrás y cómo podemos aprender a mirar las etiquetas y la publicidad con ojos críticos. La idea no es demonizar nada, sino dar herramientas para no dejarnos engañar tan fácilmente. Y sí, también nos divertiremos un poco descubriendo cómo nos venden azúcar disfrazado de salud!
-Hablamos del greenwashing alimentario como la mayor amenaza sobre nuestra salud, el medio ambiente y los derechos humanos, disfrazada de libertad. ¿Es así?
Totalmente. El greenwashing es una estrategia que utiliza la industria alimentaria para hacer pasar productos como sostenibles o saludables cuando no lo son. En el informe Las mentiras que comemos lo mostramos con ejemplos concretos: productos con envases verdes, palabras como "natural" o "eco", que esconden modelos de producción intensivos, explotación laboral o impactos ambientales graves.
Con este maquillaje verde, se blanquean prácticas que tienen consecuencias muy reales sobre el territorio, la salud y los derechos humanos. Y eso, bajo la falsa idea de que estamos escogiendo libremente.
-Alrededor del 80% de los anuncios de alimentación procesada destinados a niños y niñas publicitan productos con un contenido elevado de calorías, sal, grasas de mala calidad o azúcares refinados. Los efectos de la salud son preocupantes: alrededor del 35% de la población infantil del Estado sufre obesidad o exceso de peso. ¿Qué podemos hacer al respecto?
No podemos permitir que la salud de los niños se juegue en el mismo mostrador de juego que los intereses de la industria alimentaria. Es una situación que vulnera derechos y que debe tener respuesta institucional clara. Se necesitan políticas públicas valientes que pongan límites a la publicidad de alimentos insanos dirigida a los niños y niñas, como ya se hace con el tabaco. No estamos hablando sólo de un exceso de azúcar o grasa, sino de un modelo que prioriza el beneficio económico por encima de la salud pública.
Al mismo tiempo, es imprescindible incorporar la educación alimentaria desde la escuela primaria, de forma transversal y conectada con la experiencia de los niños: huertos escolares, comedores saludables, cocinas abiertas al debate y a la participación. Pero educar no es suficiente si no garantizamos que comer bien sea accesible y asequible para todos. La lucha contra la obesidad infantil no puede delegarse en las familias: debe ser una responsabilidad colectiva y una prioridad política.
-¿Es posible producir alimentos en la cantidad y calidad necesaria para alimentar a la población europea o del Estado español sin pesticidas? ¿Qué posición tenéis al respecto?
Sí, es posible y, de hecho, es el camino a seguir si queremos un futuro saludable y sostenible. Los pesticidas químicos de síntesis tienen un impacto directo sobre la biodiversidad, la salud humana y la calidad del suelo y el agua. Apostar por la agroecología no es sólo una alternativa viable: es una necesidad.
Pero esta transición no puede recaer sólo sobre el campesinado. Es necesaria una voluntad política clara, apoyo económico y cambios legislativos que hagan posible producir alimentos sanos y sostenibles sin poner en riesgo la viabilidad de quien los produce. Si queremos un sistema alimentario justo, hay que cuidar también quién nos alimenta y con qué herramientas lo hace.
-¿Se puede comer sano teniendo en cuenta el medio ambiente, el mercado de proximidad, etc. sin hacerse pobre? Es decir, ¿qué podemos hacer para hacer frente a los precios tan ajustados que ofrece la industria alimentaria ante los pequeños productores y comercios?
Hoy en día, comer de manera saludable y sostenible a menudo cuesta más de lo que muchas familias pueden asumir. Y eso es profundamente injusto. Si los alimentos que cuidan la salud y el territorio son caros, quiere decir que el sistema está mal diseñado. No podemos dejar la salud en manos del poder adquisitivo.
Hay que actuar sobre las estructuras: revisar la fiscalidad alimentaria, apoyar a los pequeños productores, impulsar mercados de proximidad y, sobre todo, promover una compra pública alimentaria transformadora. Si comedores escolares, hospitales o residencias apuestan por proveedores locales y alimentos sanos, estamos abriendo caminos reales hacia la equidad alimentaria. Es hora de que las políticas alimentarias estén al servicio del bien común y no de los intereses del mercado.
-En la sociedad actual los pequeños y medianos campesinos se han convertido en una pieza de poco valor ante un sistema que alimenta la fortuna de un puñado de millonarios. ¿Qué hacer ante esta problemática?
El campesinado ha sido arrinconado por un modelo que concentra poder y beneficios en pocas manos. Y eso es un problema estructural. Hay que proteger la producción local, garantizar precios justos y facilitar el acceso a la tierra y a los recursos. Si no defendemos a quienes nos alimentan, no hay futuro para un sistema alimentario justo. Sin campesinado, no hay soberanía alimentaria.
-¿Qué papel deben jugar las administraciones públicas si como sociedad queremos una alimentación sana, que respete el medio ambiente y los derechos humanos? ¿Hacen falta unas políticas públicas diferentes a las que se están llevando a cabo?
No sólo hacen falta políticas públicas diferentes, es necesario un cambio de rumbo profundo y valiente. Las administraciones tienen una responsabilidad clara como titulares de obligaciones: proteger el derecho a la alimentación y garantizar que éste sea saludable, justo y sostenible.
Esto quiere decir poner la salud, la soberanía alimentaria y el bienestar de los territorios en el centro de las políticas económicas, ambientales y sociales. Quiere decir, también, apostar por la compra pública como herramienta transformadora, apoyando a los pequeños productores, garantizando menús escolares que cuiden la salud de los niños y reduciendo la dependencia del modelo agroindustrial.
La defensa del campesinado, la sostenibilidad y la alimentación pública no son opciones: son compromisos políticos inaplazables si queremos un futuro con alimentos que respeten a las personas y al planeta.
-Y como ciudadanos, en nuestro día a día, ¿qué pasos debemos seguir para cambiar esta dinámica?
Todas tenemos un papel a jugar. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de tomar conciencia de cómo podemos formar parte de un cambio que ya está en marcha. El sistema alimentario que tenemos no es neutro: beneficia a unos cuantos, excluye a muchos y tiene consecuencias directas sobre el planeta y nuestras vidas.
Por eso, vale la pena empezar a mirar con ojos más críticos lo que comemos, cómo se produce y quién está detrás. Y al mismo tiempo, buscar espacios de participación colectiva, tejer alianzas, apoyar iniciativas que ya trabajan para hacer las cosas de otra manera.
Lo más importante no es hacerlo solas, sino saber que formamos parte de un movimiento amplio y diverso que quiere poner la vida y la justicia en el centro de la alimentación. Y eso, en sí mismo, ya es una manera de abrir futuro.
-¿Cuál es el objetivo de Justicia Alimentaria, organismo que usted coordina en Cataluña?
Desde Justicia Alimentaria trabajamos por el derecho a una alimentación saludable, justa y sostenible, desde la soberanía alimentaria, que vertebra todos nuestros proyectos: cooperación internacional, educación, investigación e incidencia política. Nació en 1987 en la UAB, en la Facultad de Veterinaria, como Veterinarios Sin Fronteras, y con los años nos convertimos en Justicia Alimentaria, con una mirada transformadora, feminista y decolonial, tanto en el Norte como en el Sur global.
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