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Las rentas mínimas garantidas (RMGs) son prestaciones sociales destinadas a personas en situación de pobreza o exclusión social, a menudo con muchas dificultades para acceder a un trabajo en condiciones. Por eso, la mayoría de los países europeos empezaron a adoptar, a partir de los años 90, políticas de activación para incrementar la empleabilidad de los perceptores de estas prestaciones. La literatura distingue dos tipos de activación. La activación “habilitante” o activación positiva incluye la formación de competencias profesionales y otros apoyos, como la provisión de servicios de atención infantil o servicios de orientación laboral. La activación punitiva o negativa, en cambio, comprende sanciones por no cumplir con requisitos de intensidad de búsqueda de empleo o por rechazar ofertas laborales, trabajos obligatorios no remunerados o formaciones obligatorias.

El problema es que, aunque la activación positiva ha demostrado ser más o menos eficaz según el perfil de los beneficiarios, una parte importante de la literatura indica que la activación negativa, más que ayudar, castiga a los perceptores de RMG. Entre otros, implica pérdidas de ganancias a medio y largo plazo para los beneficiarios de estas prestaciones, les genera problemas de conciliación y ansiedad y les impulsa hacia ocupaciones temporales y muy precarias.

En este contexto, a pesar de dos crisis económicas y el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social, ningún estudio ha analizado hasta qué punto los países de la UE han afrontado el escenario postrecesión mediante la introducción de este tipo de activación o, por el contrario, han optado por incrementar la cuantía de las prestaciones y fomentar la activación positiva. Este artículo aborda esta cuestión analizando empíricamente la evolución de seis países de la UE entre 2008 y 2022.

Los resultados muestran que la integración de los perceptores de RMG al mercado laboral se ha intentado imponer progresivamente mediante políticas de activación negativa, sin la inversión necesaria en servicios de orientación o conciliación que la hagan viable. Eso se traduce en un énfasis en sanciones y obligaciones –como el endurecimiento de las sanciones o de la definición de una oferta de trabajo adecuada– en lugar de priorizar servicios esenciales como la orientación laboral, la conciliación laboral y familiar, la formación competencial o los programas de educación básica. En definitiva, además, se ha producido en un contexto de reducción generalizada de las cuantías de las prestaciones. En conjunto, se evidencia que aún hace falta avanzar significativamente para establecer RMG que sean realmente adecuadas y que, en lugar de penalizar, empoderen los beneficiarios dentro del modelo social europeo.

A nivel más normativo, el artículo argumenta que, dada la ausencia de directrices claras de la UE para evitar la activación negativa, los estados miembros priorizan este enfoque si las recomendaciones europeas siguen siendo ambiguas. Para evitar las consecuencias negativas de la activación punitiva, entonces, la UE debería fomentar que la activación sea “opcional” y destinada a aquellas personas con mayor capacidad de inserción laboral, como ya se hace en la Renda Garantida de Ciutadania en Catalunya.