La pandemia por la Covid-19, escenario de aprendizaje constante y más comunicación entre agentes de gestión de la seguridad

18/11/2020

La Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la UAB celebró el pasado 18 de noviembre la jornada virtual “Seguridad urbana en tiempo de pandemia”, en colaboración con el Ministerio de Defensa.

La directora Montserrat Iglesias-Lucía empezó la jornada agradeciendo la asistencia a los participantes, y destacando que la Escuela quería ofrecer un espacio de debate sobre la situación generada por la Covid-19, puesto que ha resultado ser un “elemento disruptivo” que se trabajaba en las aulas “como un escenario hipotético pero que ahora estamos viviendo”.

La primera parte de la jornada consistió en una mesa redonda, bajo el título “Gestión operativa de la pandemia”, en la que participaron académicos, profesionales y representantes de la seguridad pública, emergencias y protección civil, y las administraciones, para hablar sobre la gestión de la emergencia sanitaria, desde que se declaró el estado de alarma en el mes de marzo hasta en la actualidad.

El SARS-COV-2, un nuevo virus desconocido

La primera intervención fue a cargo de José Julián Isturitz, Director General de Patrimonio y Contratación, y Coordinador de la Comisión Científica y de Expertos de Gestión de Emergencias Sanitarias por Covid-19 del Gobierno de Canarias, que en la actualidad es el territorio con menos presencia de la enfermedad. Según Isturitz, la gestión de la crisis ha sido una situación de máxima complejidad porque “estábamos ante un elemento muy desconocido”, hecho que ha generado “incertidumbre, miedo, desabastecimiento e improvisación” en la actuación.

El experto quiso hacer énfasis en los conceptos y las cifras que explican el impacto de la pandemia en España. Por un lado, el índice de Incidencia Acumulada (IA), que son los nuevos casos por cada 100.000 habitantes de una población, y de la otra, el porcentaje de ocupación de camas a las Unidades de Cuidados intensivos (UCI), que son determinantes. “Lo que realmente nos importa es la presión al dispositivo asistencial”, señaló Isturitz. Puesto que, si bien España es el tercer país con más casos diagnosticados, no se encuentra entre los primeros diez estados más afectados por IA.

El responsable de Ámbito de Servicios Especializados y Extraordinarios del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), Josep Maria Soto, explicó que, a partir de las referencias recibidas por el Mobile Congress -que finalmente recomendaron anular- tomaron la decisión de anticiparse y adaptar Planes de Contingencia y comprar material de protección, que después acabaron compartiendo con otras unidades. Para Soto, un hecho diferencial durante la gestión de la pandemia ha sido la compartición de información, recursos y protocolos entre centros.

El confinamiento de más de 80.000 personas de la Cuenca de Òdena en el mes de marzo, con un plan específico más restrictivo, obligó al SEM a apoyar en los centros sanitarios y hospitalarios de la zona transportando a los pacientes de Covid-19. La enfermedad se definió como patología de nivel de riesgo 2 pero, para Josep Maria Soto, un factor clave fue conocer sus particularidades y “aprender que no se tenía que tratar el virus, sino las consecuencias que este tenía en el cuerpo”. 

Más interrelación entre actores

Para Cristina Manresa, Comisaria del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, la pandemia ha sido un ejemplo de cómo la seguridad ha evolucionado hacia un fenómeno cada vez más globalizado que requiere de “más especialización e interrelación con otros actores”. Según la Comisaria, se tiene que reforzar la cultura preventiva y concienciar sobre la corresponsabilidad de la ciudadanía, y encarar esfuerzos a minimizar la sensación de incertidumbre e inseguridad.

La Comisaria explicó que durante el contexto de emergencia sanitaria disminuyeron los delitos en la ciudad, pero se tuvo que hacer frente a un aumento de estafas y delitos por Internet, y problemáticas como la violencia de género, que registró “más de 600 incidentes”. Un hecho que desde el cuerpo ven “con preocupación”, añadido a la “situación social complicada y de indignación” y al desbordamiento de los recursos sociales.

También participó Pedro Velázquez, Intendente Mayor y Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, que coincidió en la necesidad de comunicar y tomar decisiones de manera eficaz, y en colaboración con todos los stakeholders. Uno de los efectos que ha tenido la pandemia en este cuerpo policial ha sido tener que “operar por intuición” y la necesidad de aprendizaje continuo. “Barcelona ha sido el reflejo del que ha pasado en todo el mundo, y hemos tenido que adaptarnos para minimizar el impacto”, ha dicho.

Otro de los retos ha sido la protección y gestión de los cerca de 3.000 agentes de que dispone el cuerpo -400 de los cuales se tuvieron que confinar en algún momento- y la adaptación a nuevos escenarios. Según el Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, la disminución de la presencia a la vía pública ha llevado más asistencia en domicilios, principalmente por problemas de convivencia y exigencia de control de las medidas preventivas.

La jornada también contó con la participación del Teniente Coronel Manuel Montero Martín, Jefe del Batallón de Intervención IV de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que narró la función de esta unidad durante la pandemia. La UME ha colaborado con las diferentes comunidades autónomas en la mejora del conocimiento sobre los riesgos biológicos del virus y su desinfección. Se dotó de efectivos para llevar a cabo más de 7.000 desinfecciones en instalaciones sanitarias y administrativas, y materiales para la desinfección de espacios de difícil acceso mediante drones. 

Además, la unidad ha apoyado en la instalación de campamentos, ha facilitado rastreadores en todo el territorio, y ha colaborado en el traslado de pacientes y fallecidos a causa de la Covid-19 que, para el Teniente Coronel, ha sido “una de los cometidos más duros“ para la unidad.

Por último, intervino Sergio Delgado, de la Dirección General de Protección Civil del Departamento de Interior, que detalló el rol de Protección Civil de Cataluña en la gestión de la emergencia, que tiene por objetivo coordinar los servicios de emergencia y las actividades estratégicas, garantizar los servicios básicos, aplicar el confinamiento y las restricciones, y aportar información pública. 

Delgado explicó que Protección Civil de Cataluña es el primer organismo que desde 2009 disponía de un plano PROCICAT para pandemias, que se tuvo que revisar el 3 de marzo para adaptarlo a la Covid-19. Para el Director General, la gestión de la emergencia sanitaria ha demostrado ser de una alta complejidad logística y operativa, con una importancia vital en la gestión de información crítica. 

El Director General también destacó el alto impacto y la incertidumbre que ha generado la pandemia para la sociedad -se han registrado 400.000 llamadas al 012 y al 112-. Este hecho ha requerido de un esfuerzo para hacer comprensible la normativa y montar operativos y medidas adaptadas a todos ámbitos.

La mayoría de los profesionales, expertos y representantes coincidieron en que la gestión de la emergencia a causa de la Covid-19 ha requerido de adaptación, aprendizaje constante y una mayor colaboración y compartimento de recursos e información entre los actores por parte de todos los agentes implicados. Los participantes también agradecieron iniciativas como la jornada de la Escuela, que ayudan a establecer vínculos e intercambiar experiencias, también con otros actores de la sociedad civil.

El impacto de la Covid-19 en los colectivos vulnerables

La segunda mesa redonda, titulada “Entidades sociales y Tercer Sector en tiempo de pandemia”, fue conducida por Joaquín Rodríguez, profesor y coordinador de Relaciones Internacionales y prácticas de la Escuela.

En primer lugar habló Luís Felipe Ibarra, arquitecto y representante del Ateneu del Raval, que ha manifestado la carencia de seguridad de los colectivos vulnerables en las grandes ciudades, “que están enfocadas en la mercantilización y están planificadas para la represión de los movimientos sociales”. Para Luís Felipe, la ciudadanía tendría que ser partícipe de las decisiones estrategias en materia de seguridad, y estas tendrían que enristrarse al salvaguardar los derechos de las personas. “La aplicación de la seguridad no muestra que sea integral”, dijo.

También intervino Marikarmen Free, del Colectivo Insania, un espacio de apoyo y escucha para personas psiquiatrizadas. La activista alertó sobre la agravante de la pandemia en las personas con problemas de salud mental y el aumento de casos, sobre todo, en aquellos colectivos que per se tienen que luchar otros frentes como por ejemplo la precariedad económica, el racismo, la violencia de género, los desalojos, o la soledad, entre otros. 

La mesa también contó con la participación de Enric Canet, Director de Relaciones Ciudadanas al Casal dels Infants. Canet señaló que la imposición de ciertas medidas “dan libertad y seguridad a unos pero priva a los otros”. El representante del Casal dels Infants también dijo que la desigualdad social lleva inseguridad, y puso como ejemplo los barrios del Raval y La Mina (en Sant Adrià del Besòs), donde muchas personas “se sienten desprotegidas por la autoridad” y han formado planes de protección propios.

Por último, también intervino Norma Falconi, activista y portavoz del Sindicato de Trabajadoras y Cuidadoras del Hogar – Sindillar, que denunció que el colectivo de trabajadoras del hogar y curas han sido consideradas “servicios esenciales” durante la pandemia, pero que en cambio no se les ha facilitado el acceso a “papeles” y permisos de residencia, y que tradicionalmente ha sido “clandestino” y sin protección en muchos ámbitos.

La directora Montserrat Iglesias-Lucía concluyó la sesión destacando la variedad de voces y experiencias, con las que se pudo reflexionar y aprender gracias al testimonio de profesionales de la seguridad “que son indispensables” y a los representantes de entidades sociales y activistas, “que nos ayudan a ver una realidad que existe, con riesgos sociales y comunitarios”.