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El Claustro de la UAB pide una mejora de la financiación pública para la universidad

Claustre situació econòmica UAB maig 2019
El Claustro de la UAB ha tratado, en una sesión extraordinaria, sobre las carencias de financiación y la situación económica de la institución, y ha aprobado una declaración que insta a la Generalitat a una "mejora inmediata de la financiación del sistema universitario".

30/05/2019

El Claustro de la UAB, reunido el 30 de mayo en una sesión extraordinaria, aprobó por asentimiento una declaración que insta a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para "llevar a cabo una mejora inmediata de la financiación pública del sistema universitario catalán". El equipo de gobierno explicó a los claustrales la evolución de la financiación recibida desde la Generalitat y las carencias del modelo de financiación universitaria vigente después de tres años de congelación de la aportación pública. Asimismo, se constató la buena gestión presupuestaria en el cumplimiento de las obligaciones de gasto.

La rectora Margarita Arboix abrió la sesión afirmando que la "reclamación central" que se quiere transmitir a la Generalitat y al Parlament es que "deben priorizar ya las universidades", dado que las universidades públicas "deben recibir una financiación suficiente" para atender a su "alta responsabilidad" en la formación de los ciudadanos del futuro. A continuación, el vicerrector de Economía y de Campus, Carles Gispert, explicó la situación económica de la universidad, las causas "que nos han conducido a generar un déficit de 3,2 millones de euros en el ejercicio 2018" y lo que se puede esperar para el futuro más próximo. El vicerrector invitó a los claustrales a hacer propuestas de acciones para dar a conocer esta situación.

La universidad necesita una financiación suficiente que permita avanzar en la docencia, la investigación y la transferencia de calidad. Las universidades catalanas en general, y la UAB en particular, ya han demostrado ser eficientes en la utilización de los recursos: a pesar de la situación económica de los últimos años, el esfuerzo de las universidades ha permitido mantener o incluso mejorar sus posiciones en los diferentes rankings mundiales. Por lo tanto, invertir en universidades es invertir eficientemente en el futuro.

En este escenario, la UAB pide un modelo de financiación universitario público que garantice las actividades diarias, es decir, el funcionamiento regular, así como para garantizar la reposición de las inversiones necesarias para llevar a cabo estas actividades. Este incremento es necesario para:

  1. Mantener los edificios y las infraestructuras. El campus tiene una superficie construida de 500.000 m2 valorada en 400 millones de euros, con una vida útil media de cincuenta años. Por tanto, habría un mínimo de ocho millones de euros anuales para mantener los edificios de la UAB del campus. Actualmente, se recibe poco más de dos millones de euros anuales para este fin. En este sentido, se ha hecho un requerimiento notarial a la Generalitat para poner de manifiesto esta necesidad.
  2. Asegurar una renovación del profesorado. La media de edad del profesorado permanente es de 57 años y, de unos 1.500 profesores permanentes, sólo hay treinta y dos menores de cuarenta años. También el personal de administración y servicios (PAS) es deficitario, con las consecuentes tensiones a las estructuras y la necesidad de "dignificar" los puestos de trabajos de los profesionales. Hay que dotar a la universidad de nuevas plazas para permitir una renovación de la plantilla para cubrir las bajas por jubilación con personal permanente.
  3. Hacer frente a los incrementos retributivos, a las consecuencias económicas de determinados cambios normativos y en las sentencias derivadas de la recuperación de derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en el ejercicio 2016, la universidad tuvo que hacer frente al pago de 1,8 millones de euros correspondientes al incremento retributivo del 1% que no fue compensado por la Generalitat y que se ha arrastrado los años siguientes. O los incrementos de las cotizaciones a la Seguridad Social o, más recientemente, la aprobación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que dignifica su situación laboral. No se pueden asumir gastos generados por decisiones externas a la propia universidad sin el incremento correspondiente de ingresos.
  4. Hacer frente a los incrementos de precio de los bienes y servicios. A modo de ejemplo, durante el 2018, la UAB hizo un esfuerzo importante en ahorro energético. Este esfuerzo, con los precios de 2017, hubiera supuesto un ahorro económico de 700.000 euros. Al subir el precio de la energía durante el 2018, a pesar del ahorro energético, se ha incrementado el gasto económico en 540.000 euros.
  5. Compensar a la UAB de los "gastos de ciudad", es decir, los propios y específicos de la Autònoma por ser una universidad no urbana que debe asumir gastos tales como asfaltado, señalizaciones, alcantarillado, servicio de autobuses, iluminación de las calles, mantenimiento de espacios verdes... Gastos que son asumidos por los ayuntamientos respectivos en el caso de las otras universidades públicas catalanas. Esta particularidad supone un gasto de cuatro millones de euros por la UAB.

Tras la exposición del vicerrector Gispert, hubo dos turnos de palabras: un sobre el diagnóstico de la situación y otro sobre las posibles acciones que se pueden llevar a cabo. Tras varias intervenciones de claustrales de los sectores del profesorado, de estudiantes y de personal de administración y servicios que defendieron que la universidad es un elemento fundamental para el desarrollo de un país y que hay unidad de acción para implicar a los poderes públicos en la financiación universitaria, se aprobó por asentimiento una declaración que insta a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para "llevar a cabo una mejora inmediata de la financiación pública del sistema universitario catalán y que habilite los mecanismos económicos que permitan revertir la situación económica insostenible en que se encuentra la UAB" y pide al Parlament que arbitre "las normas adecuadas para garantizar que el gobierno cumpla las medidas que permitan a las universidades públicas cumplir las obligaciones que las leyes les encomienden y que la sociedad catalana necesita".