El 75 % de los conflictos ambientales registrados en el EJAtlas tiene lugar en países de rentas bajas

El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) detecta un aumento de disputas por temas relacionados con las energías renovables y la transición energética.

El EJAtlas es un mapa interactivo que identifica y sitúa los conflictos ecológico-distributivos existentes en todo el mundo. Desde su creación hace 12 años, esta plataforma web de acceso abierto ha documentado 4.100 casos, el 19 % de los cuales está provocado por los combustibles fósiles y la generación de energía, otro 19 % por la extracción minera, y el 13 % por la agroindustria, la pesca y la explotación de bosques.  

Mediante fichas individualizadas, el EJAtlas clasifica los conflictos según el tipo de mercancía o recurso natural que lo provoca (por ejemplo, la tierra 38 %, el agua 27 %, la electricidad 20 %, el petróleo 11 % o el carbón 10 %), el país donde tiene lugar, la empresa responsable y el tipo de explotación que lo provoca (acceso al agua y represas 29 %, posesión de tierras 26 %, explotación minera 16 %, deforestación 14 %, o vertidos tóxicos 12 %). Cada ficha aporta datos exhaustivos sobre el proyecto, la confrontación, las fechas, su impacto, la resistencia local que ha generado o cómo se ha gestionado el conflicto. 

El país con mayor número de conflictos registrados en el EJAtlas es Estados Unidos, con el 10 % de los casos, seguido de India (9,6 %), México (7,1 %), China (6,2 %) o Brasil (5,2 %). No obstante, los investigadores recuerdan que estos datos no representan la magnitud completa del problema, ya que existen países con numerosas disputas de las que no tienen constancia o acceso a la información. 

Los investigadores del ICTA-UAB explican que los conflictos son consecuencia de los patrones de consumo de nuestro modelo económico actual, que descansa en la extracción continuada de los limitados recursos del planeta. Por ello, han detectado un incremento de las disputas relacionadas con proyectos de energías renovables, compensación de carbono, zonas protegidas y minería para la transición energética, así como actividades petroleras, mineras y agroindustriales. 

Los datos del EJAtlas ponen de manifiesto la existencia de un importante movimiento de activistas y defensores locales que luchan contra estas injusticias ambientales. Estos movimientos de resistencia consiguen detener, suspender o retrasar en torno al 25 % de los conflictos documentados, en la mitad de los casos combinando la resistencia ciudadana con las acciones judiciales. 

“El movimiento de la justicia ambiental global juega un papel muy relevante en la mitigación de la crisis climática y el deterioro ambiental a nivel mundial”, explica Joan Martínez Alier, economista ecológico del ICTA-UAB y cofundador del EJAtlas. No obstante, la investigadora Mariana Walter señala que “el 31 % de los conflictos registrados comporta la represión y criminalización de los defensores​ ambientales​ por parte de las autoridades. En el 18 % de los casos documentados, estos activistas son víctimas de violencia física, y en el 13 % son víctimas de asesinato”. 

La situación se agrava cuando los defensores ambientales son poblaciones indígenas que luchan contra los impactos que las actividades extractivas tienen en su forma de vida y cultura tradicionales. Los indígenas se movilizan en el 34 % de los casos recogidos en el EJAtlas, y sufren el 27 % de la criminalización, el 25 % de la violencia y el 19 % de los asesinatos. “Este es el ecologismo de los pobres y los indígenas, que luchan contra la extracción de combustibles fósiles, la minería a cielo abierto, las plantaciones de árboles o las represas hidráulicas”, incide Martínez-Alier. 

También las defensoras ambientales sufren mayor violencia por cuestión de género. Los registros del ICTA-UAB documentan más de un centenar de asesinatos de mujeres. Además, el 20 % de los conflictos provoca el desplazamiento de personas. 

El proyecto ha permitido identificar a más de 5.000 empresas implicadas en los conflictos, aunque “sorprende que unas 100 empresas especialmente conflictivas estén involucradas en un tercio de los casos recogidos”, afirma Marcel Llavero-Pasquina, investigador del ICTA-UAB y coordinador del EJAtlas. El 41 % de las empresas pertenece a países ricos, mientras que solo el 25 % de los conflictos ocurre en estos países. 

Los responsables del proyecto EJAtlas destacan el valor de los datos recolectados por cientos de investigadores y colaboradores, que han hecho posible la publicación de ​más de ​75 artículos científicos asociados. Cada año más de medio millón de personas visitan la plataforma web, la mayoría de ellas desde Estados Unidos (18,8 %), India (7,7 %), México (7,5 %), Colombia (5,9 %) y Canadá (4,5 %).  

Cada año comparten sus datos con un centenar de instituciones, y en lo que va de año 2024 ya los han compartido con 43 instituciones, 39 de ellas de carácter académico, 2 ONG, una administración pública y con una institución internacional, la OCDE. Todos los datos son de acceso abierto para aquellos proyectos que tengan un impacto positivo en la justicia ambiental. Así mismo, han creado la asociación Action and Research on Environmental Justice para vehicular proyectos de transferencia de conocimiento a organizaciones ecologistas e instituciones públicas. “Para poder llevar a cabo todo esto necesitamos fondos, por lo que estamos abiertos a fuentes de financiación filantrópica que nos permitan mantener vivo el proyecto”, indica Marcel Llavero-Pasquina. 

Situación socioambiental de España 

En España, el EJAtlas ha recopilado hasta el momento 111 conflictos ambientales gracias a la colaboración con organizaciones ambientalistas. Destacan los conflictos derivados de la gestión de residuos y contaminación ambiental como el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), la contaminación del agua por lindano en Sabiñánigo (Huesca) o por nitratos en Osona (Barcelona). Se registran conflictos causados por la existencia de centrales nucleares, como la de Garoña (Burgos), Valdecaballeros (Badajoz) o Almaraz (Cáceres), así como las disputas ambientales vinculadas al turismo, como la construcción ilegal del hotel en el Algarrobico en el Parque Natural del Cabo de Gata (Almería) o la corrupción en torno a la construcción del parque de atracciones de Terra Mítica, en Alicante. La extracción minera también genera conflictos entre ciudadanía, empresas y la Administración pública, como la mina de litio a cielo abierto de San José de Valdeflores (Cáceres). Igual de polémico resulta el fracking (o fracturación hidráulica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo) o la creación de parques de energía eólica en todo el territorio.