Declaración de la comisión permanente de la Red Vives de Universidades en relación a la proposición de ley de libertad educativa en el País Valencià

El poder legislativo en un estado democrático es el poder legítimo para legislar en el marco competencial que establece el ordenamiento jurídico. Dentro de éste, las universidades tienen como funciones, entre otras, el estudio y promoción de las lenguas oficiales a través de la formación, la investigación, la transferencia, el intercambio del conocimiento y la cultura. De igual modo, las universidades deben fomentar el uso, en el ámbito académico, de las lenguas oficiales y propias del territorio, de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos y en la normativa autonómica.

Las lenguas son una manifestación de la cultura, lo más inherente al ser humano; son medio de transmisión de valores, ideas, formas y maneras de entender el mundo, todas legítimas. La diversidad lingüística, de la que es ejemplo el conjunto de titulaciones en lenguas que ofrecen las universidades, es la base de la transmisión de la cultura científica.

El consenso conformado por la sociedad valenciana hace más de cuarenta años en torno a la Ley de uso y enseñanza del valenciano ha permitido dar pasos significativos, aunque no definitivos, hacia la consecución del imperativo legal del conocimiento y uso igualitario, sin discriminaciones, de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

La singularidad cultural de cada territorio o comunidad lingüísticamente diversa, partiendo del respeto a los derechos subjetivos lingüísticos, no impide sino reclama que los poderes públicos adopten acciones normativas que, de forma efectiva y real, aseguren la presencia y el uso social equilibrado de cada una de las lenguas oficiales y, en particular, de la lengua minorizada, el valenciano, en todos los niveles educativos. Éste es un paso insoslayable para la necesaria cohesión y vertebración de nuestros territorios en un espacio plurilingüe, y teniendo en cuenta los compromisos que en materia educativa propugna el Consejo de Europa, por medio de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y de los principios y orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Cuando la decisión reguladora de los poderes públicos, aunque legítima, puede afectar (regresivamente) a derechos que ya han alcanzado un consenso básico en una sociedad democrática, como los derechos sociales o la protección de la diversidad lingüística, es necesario buscar un gran acuerdo social y político, lo que es exigible en materia cultural y lingüística.

Si las decisiones reguladoras pueden afectar a ese consenso alcanzado, sería necesario antes un proceso de reflexión y participación que hiciera que la acción normativa estuviera justificada por una razón de interés general, para que fuera la más adecuada para garantizar la protección de aquella diversidad lingüística y de la igualdad de las lenguas oficiales. Se evitaría así cualquier fractura social entre los territorios y los grupos de hablantes de diversas lenguas.

Por todo ello, estimamos que las universidades deben participar en este proceso, desde la base del conocimiento científico, como agentes que contribuyen a la cohesión de la sociedad y a la transmisión de los valores y principios democráticos entre los agentes políticos, sociales e institucionales.

Comisión Permanente de la Red Vives de Universidades
28 de mayo de 2024