Más democracia en la toma de decisiones medioambientales
Ante el auge de las inversiones en actividades extractivas en América Latina y el Caribe, se está generando una creciente preocupación sobre sus consecuencias sociales y ambientales. Las actividades extractivas, incluyendo la minería metalífera, la extracción de hidrocarburos y la biomasa, se están expandiendo y trasladando hacia nuevas y remotas áreas, a menudo habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
Estas actividades tienen profundas consecuencias. Por un lado, generan desarrollo económico, puestos de trabajo e infraestructuras, así como ingresos para los gobiernos, que son parcialmente orientados a financiar programas sociales. Por otro lado, estos proyectos a menudo dañan la naturaleza y los medios de vida locales, consumen grandes cantidades de energía y agua, y producen grandes cantidades de residuos. Muchas comunidades reclaman que sus necesidades e inquietudes sobre los impactos negativos de las actividades extractivas no son suficientemente tomadas en cuenta, por lo que se incrementa la resistencia local. Los marcos regulatorios e institucionales existentes, incluyendo los mecanismos de consulta, no resultan adecuados para prevenir y solucionar estos problemas.
Diversas investigaciones señalan que las preocupaciones sociales y ambientales de los actores locales deben ser tomadas genuinamente en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo de actividades extractivas en América Latina y el Caribe. Las comunidades locales son las que más sufren el impacto directo de la explotación minera, así como la explotación petrolífera y gasífera, presas hidroeléctricas y nuevas formas de extracción de biomasa, como los cultivos de palma aceitera y las plantaciones de soja.
Además estas comunidades poseen amplios conocimientos sobre los recursos naturales afectados por estas actividades. Tanto las autoridades nacionales, como los inversionistas extranjeros, los países importadores y las organizaciones internacionales debieran involucrar seriamente a las comunidades locales en la toma de decisiones con el fin de asegurar un desarrollo sostenible y equitativo.
Si no se toman en cuenta las voces locales y se mejoran las prácticas institucionales y técnicas, se incrementarán las tensiones vinculadas a actividades extractivas, lo que podría desembocar en crecientes enfrentamientos violentos. Si las peticiones de legítima participación de las comunidades locales no son atendidas de forma apropiada las actividades extractivas podrían suscitar conflictos crecientes. Para prevenir que ello ocurra es necesario implementar medidas democráticas incluyentes.
