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Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Lorenzo Cachón ha estado siempre vinculado profesionalmente al campo laboral y desde 1993 se ocupa de temas relacionados con la inmigración y las políticas públicas. Preside desde hace un año y medio el Foro para la integración social de los inmigrantes y asesora a la Comisión Europea en cuestiones contra la discriminación. También ha sido consejero laboral en la Embajada de España en Bélgica, ocupándose de temas relacionados con la inmigración española.

¿Cuál es la misión del Foro para la integración social de los inmigrantes?

Asesorar al Gobierno y a cualquier administración pública española que solicite un informe sobre cuestiones que tienen que ver con la integración de los inmigrantes. Así por ejemplo, el Foro ha dictaminado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Hizo un informe justo hace un año donde manifestaba su acuerdo con la filosofía del plan, pero con unas doce páginas de sugerencias concretas. También ha dictaminado sobre el Consejo de lucha contra la discriminación, sobre el Real Decreto de Comunitarios en España, y este año hemos aprobado un informe sobre la integración de los inmigrantes en España con más de cien recomendaciones concretas en catorce áreas. También se ha contestado al Libro verde sobre cuestiones de asilo de la Comisión Europea.

¿Cuál es principal desafío para lograr la integración de los inmigrantes?

El principal desafío es la adaptación de las instituciones públicas que tienen que ver con la gestión de todas las cuestiones relacionadas con el estado del bienestar. Adaptarlas a esta nueva realidad que supone tener más de cuatro millones de ciudadanos más a los que hay que atender, pero que también trabajan y contribuyen. Adaptarlas en cuestiones como la educación -hay más de medio millón de niños y niñas extranjeros escolarizados-, en los temas de empleo, en los temas sanitarios, en servicios sociales, en temas de vivienda. Este es el gran desafío. Adaptar las instituciones tanto cuantitativa como cualitativamente. A continuación, acostumbrarnos a tratar en igualdad a los inmigrantes. Son ciudadanos que viven aquí y que están aquí legalmente. Incluso los que están irregularmente tienen derechos que las leyes les reconocen. Algunos artículos de la ley 8/2000, que negaban algunos de estos derechos, han sido recientemente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

¿Existe una voluntad de las instituciones para hacer esta adaptación?

Se ha hecho un notabilísimo esfuerzo por parte de las administraciones, pero es un esfuerzo que hay que seguir haciendo, a pesar de las notables mejoras en algunas administraciones. No podemos permitir que se deterioren los servicios públicos en España por la llegada de inmigrantes. Lo que hay que hacer es adaptarlos a las nuevas necesidades. Una de las razones por las que se saturan algunos servicios sociales es precisamente porque hay más usuarios a los que tienen que atender. Por lo tanto hay que extender los servicios. ¿Y cómo se financian?, pues con los impuestos y las cotizaciones de estos nuevos usuarios. Todos estamos muy contentos con el crecimiento económico de España en los últimos años, con el superávit público, con lo bien que van las finanzas de la Seguridad Social. Todo esto va tan bien, fundamentalmente, por la aportación de los inmigrantes. No hay que tener miedo a decir que es necesario aumentar el gasto público para atender estos dispositivos del estado del bienestar.

¿Hay algún lugar donde se lleve a cabo una política de integración ejemplar?

Todo esto que he puesto como ejemplo son políticas de redistribución. Lo que tiene que ver con el estado de bienestar. Luego hay también las políticas de reconocimiento, lo que tiene que ver con los desafíos más culturales. Y luego habría que hablar de políticas que tienen que ver con la representación, la participación en la vida pública. Muchos países han adecuado sus dispositivos del estado del bienestar. Lo han hecho más fácilmente que nosotros porque ha sido un proceso mucho más lento. En nuestro caso la llegada de inmigrantes ha sido muy rápida. Ha sido muy positiva, pero el desafío ha sido mayor. En el tema cultural cada uno ha de buscar su vía. No valen modelos. No vale el modelo tradicional multicultural sueco, holandés o británico. Y desde luego no me vale el modelo asimilacionista francés. Nosotros podemos aprender del modelo "español" de gestión de la diversidad. Somos un Estado con varias lenguas oficiales que hemos sabido gestionar, no sin dificultades. Igual que hemos gestionado esta diversidad cultural interna, gestionemos también otras diversidades. Creo que tenemos alguna facilidad sobre otros países. No tenemos determinados bloqueos que sí hay en otros países. En la cuestión del reconocimiento político, ahí sí que me parece que hay que avanzar notablemente. No hemos avanzado nada en el derecho del voto. La reforma del artículo 13/2 de la Constitución hay que ponerla sobre la mesa. Esto debería ser incorporado cuando se reforme la Constitución.

Por tanto, estaría de acuerdo con el derecho a voto de los inmigrantes.

Sí. Por supuesto. A mí me parece una pieza fundamental en el arco que ha de sostener la integración. Es la piedra clave, la que está en el centro.

¿Pero sería necesario reformar la Constitución?

Se necesitaría una reforma constitucional porque sin ella la única manera de dar derecho a voto es firmar acuerdos bilaterales. Y yo estimulo a que se hagan. No soy de los que dicen 'no hagamos nada hasta que se reforme la Constitución'. Hasta que reformemos la Constitución firmemos acuerdos bilaterales. Vayamos abriendo la puerta al derecho de voto. Pero como no podemos firmar acuerdos con todos los países de los que vienen inmigrantes, reformemos la Constitución para que todos los inmigrantes residentes en España, que estén más de 3 ó 5 años, que tengan derecho a residencia permanente, tengan también derecho a votar y a ser votados en las elecciones.

¿Condicionaría la permanencia de los inmigrantes a algún tipo de examen o contrato?

Ninguno. Soy muy contrario a este tipo de exámenes. Soy muy contrario a la idea de contrato. La integración es un contrato, pero es un contrato social implícito. Formamos una sociedad porque hay una especie de contrato social implícito. Esto no quiere decir que no sea favorable, que lo soy, a estimular el conocimiento de las lenguas oficiales en España, a fomentar el conocimiento de tradiciones y costumbres españolas, pero respetando las costumbres de fuera. Lo que hay que exigir es respeto mutuo.

¿Sería conveniente algún tipo de discriminación positiva?

Yo no soy partidario de la discriminación positiva en términos de integración, porque la sociedad española no lo entendería. Soy partidario de programas generales que beneficien a colectivos que tengan una determinada problemática. Sean españoles o extranjeros. Claro que luego alguno de estos programas puede beneficiar más a los extranjeros porque estén en situaciones más vulnerables. Si se pone un salario mínimo de inserción, esto beneficiará a los colectivos que estén en situación de vulnerabilidad, y es probable que en esos colectivos haya una mayor presencia relativa de inmigrantes. Pero yo no haría un salario de inserción para inmigrantes. Eso no lo haría nunca.

En sus conferencias hace énfasis en la integración de los grupos, ¿a qué se refiere?

Nuestra Constitución dice que los poderes públicos garantizarán la libertad y la igualdad de individuos y grupos. Hay cuestiones de libertad y de igualdad individual, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la igualdad entre grupos. No quiero abordar el tema de las religiones, pero éste es uno de los campos. Somos un país aconfesional pero respetuoso con las creencias que puedan tener los individuos y los grupos. Y debemos mantener una cierta neutralidad en esto. Y si se da apoyo para que los grupos puedan hacer esta práctica privada, el ejercicio y las creencias en una religión, entonces debemos ser igualitarios también en el tratamiento. Y pongo este ejemplo a sabiendas de que el trato no es igualitario.