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Hoy en día, existe cierto consenso por parte de académicos y expertos en ciencias políticas en que, para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, las administraciones públicas deberán adoptar mecanismos de gobernanza y gestión pública flexibles y descentralizados, que impliquen a todos los niveles de la administración (europeo, estatal, regional y local), empresas y actores sociales y que generen mecanismos de coordinación en red que permitan adoptar respuestas ágiles y creativas a un fenómeno que no sabe de fronteras ni de regímenes competenciales diferenciados.

Estos aspectos todavía toman más relevancia en ámbitos donde los recursos naturales son compartidos entre más de un estado (ríos y cuencas transfronterizas, macizos transfronterizos, etc.), ya que se deben superar problemáticas adicionales derivadas de culturas administrativas y marcos legales diferentes, incomprensión lingüística, desconocimiento entre actores relevantes, etc., lo que pide un esfuerzo adicional de cooperación para gestionar adaptativamente estos recursos. En estos casos, se considera que las organizaciones de cooperación transfronteriza (comunidades de trabajo, eurorregiones, etc.), impulsadas o no a través de fondos europeos, tienen un gran potencial como respuesta institucional al cambio climático. En efecto, al no tener una estructura administrativa propia, estas organizaciones dependen para su funcionamiento de su capacidad para emprender y establecer lazos y marcos de coordinación entre todos los niveles de gobierno a ambos lados de la frontera y de la implicación activa en red de empresas, actores sociales y administraciones públicas, sin cuya participación no es posible avanzar en el logro de sus objetivos constituyentes. Se trata de un marco ideal para introducir consideraciones de cambio climático y de gestión adaptativa del agua e incidir en la capacidad de instituciones y organizaciones para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, actores públicos y privados de todo tipo y simultáneamente en dos o más contextos estatales y en diversos ámbitos regulatorios que afectan directa o indirectamente la gestión del agua y el cambio climático (agricultura, turismo, transportes, etc.).

Partiendo de estas premisas, el artículo evalúa las capacidades de una organización transfronteriza en particular, el secretariado técnico de las Comunidades de Trabajo Algarbe-Andalucía y Alentejo-Andalucía (Gabinete de Iniciativas transfronterizas, GIT), situado en la cuenca transfronteriza del río Guadiana entre España y Portugal, para incorporar aspectos de cambio climático y de gestión adaptativa del agua e influir así en las políticas públicas de desarrollo regional. Para llevar a cabo esta evaluación, se utiliza una metodología participativa basada en entrevistas en profundidad y el establecimiento de "focus groups" con una variedad de actores que representan una pluralidad divergente de intereses. Haciendo uso de esta metodología integrada, se analiza el cumplimiento de una serie de requisitos que se consideran esenciales para avanzar en un modelo de éxito de gestión transfronteriza, a partir de un marco teórico "ideal" formulado por el politólogo Markus Perkmann , basado en el concepto de emprendedor político y que ha llevado a cabo con éxito en determinados modelos avanzados como es el caso de la Euregio alemana-holandesa. Estos requisitos son: la asunción de una serie de capacidades organizativas de mediación y negociación por parte del secretariado basadas en cierto grado de independencia respecto al resto de actores relevantes, el establecimiento de vínculos a nivel horizontal entre actores públicos y privados a ambos lados de la frontera y a nivel vertical (administraciones locales, regionales, nacionales y europeas), la asunción de una estrategia consensuada a largo plazo por parte de los actores relevantes y la incorporación de consideraciones de cambio climático y de gestión adaptativa del agua en las políticas de desarrollo regional transfronterizo.

Los resultados de aplicar este marco teórico "ideal" en este caso concreto indican que todavía hay ciertas carencias en el funcionamiento del GIT, relacionadas con el bajo grado de implicación activa de empresas y actores sociales, el leve nivel de independencia del secretariado respecto a los actores políticos y sociales a ambos lados de la frontera, el déficit en el establecimiento de relaciones de confianza estables de larga duración, la ausencia de una estrategia transfronteriza de consenso formulada a largo plazo, o la falta de integración efectiva de consideraciones medioambientales en las políticas de desarrollo regional transfronterizo. Estas carencias reducen la capacidad de la organización de liderar un proceso de cambio y de asumir un rol de emprendedor político en el contexto transfronterizo, aunque son razonables dado los pocos años de funcionamiento de este secretariado, operativo desde el año 2004.

En este sentido, hay indicios prometedores que indican que se han identificado algunos de estos déficits y que hay una voluntad política clara de superar obstáculos y de trabajar para formular e implementar una estrategia transfronteriza con la implicación activa de actores públicos y privados que tome en consideración los elementos a los que se ha hecho referencia.