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América Latina se enfrenta al reto de conservar la biodiversidad de sus bosques y selvas y garantizar el bienestar de la población rural e indígena que habita y aprovecha sus recursos, en un contexto de presiones económicas y políticas a gran escala que resultan en deforestación y vulnerabilidad social. En un esfuerzo por proteger estas zonas boscosas, desde 1990, los gobiernos de la región han aumentado la superficie protegida en más de un 10%. No obstante, la mayoría de estas áreas protegidas son habitadas por comunidades rurales e indígenas que a menudo ven sus derechos de propiedad y acceso al territorio mermados por las restricciones de conservación impuestas desde el gobierno, las cuales no contemplan sus actividades tradicionales de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En áreas económicamente marginales, las áreas protegidas con reglas estrictas de conservación, no sólo pueden limitar las oportunidades de la población local para mejorar sus condiciones de vida, sino también repercutir negativamente en su habilidad y capacidad para anticipar y responder a los cambios climáticos, económicos, políticos y sociales.
 
Aunque en los últimos tiempos la comunidad internacional ha promovido la creación de figuras de conservación que incluyen mecanismos de participación local en la gestión de los recursos naturales, como son las Reservas de la Biosfera, en la práctica muchas se han acabado implementado en base a las decisiones tomadas desde los órganos de gobierno en lugar de gestionarse de manera colaborativa con las comunidades locales. La falta de participación local en las decisiones sobre cómo gestionar el territorio puede afectar, pues, a la capacidad local de adaptarse a los cambios socio-ambientales, tanto graduales como inesperados. Asimismo, un modelo de gestión de la conservación inclusivo no necesariamente es garantía de reducción de la vulnerabilidad local.
 
Este estudio contribuye a informar estos debates sobre gobernanza de la conservación y vulnerabilidad analizando de forma comparativa la adaptación a los cambios globales de comunidades rurales e indígenas en dos Reservas de la Biosfera: una gestionada de forma unilateral por el gobierno mexicano, la Reserva de la Biosfera de Calakmul, y la otra co-gestionada entre el gobierno boliviano y las comunidades locales, los Tsimane’, la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas. Mediante grupos focales y entrevistas semi-estructuradas con informantes locales, y encuestas con los jefes de familia, en las cuatro comunidades participantes en el estudio, exploramos la percepción local sobre cómo las perturbaciones ambientales, socioeconómicas e institucionales afectan a la vida de la población local y qué estrategias de adaptación implementan para responder a estas perturbaciones en uno y otro lugar de estudio, analizando cómo las regulaciones de conservación y la gobernanza de las dos Reservas de la Biosfera limitan o bien fomentan las oportunidades para la adaptación.
 
Los resultados del estudio sugieren que las comunidades perciben múltiples perturbaciones que afectan a sus medios de vida, como por ejemplo la variabilidad del ciclo de precipitaciones y la volatilidad de los precios del chile en Calakmul (México), y el aumento en frecuencia e intensidad de las inundaciones y la expansión de la agricultura orientada a las necesidades del mercado en Pilón Lajas (Bolivia), así como las políticas de conservación de las Reservas de la Biosfera en ambas regiones. Sin embargo, en Calakmul y Pilón Lajas las comunidades perciben de forma diferente la importancia que le atribuyen a la conservación como fuente de tensiones y también los esfuerzos para la adaptación local que hacen las dos Reservas de la Biosfera. El modelo de conservación restrictivo de la reserva de México limita la capacidad local para desarrollar estrategias de adaptación a largo plazo, sobre todo de los sectores de población más vulnerables. La reserva de Calakmul facilita la implementación de algunas estrategias locales, como un proyecto de apicultura subsidiado por el gobierno, pero no diseña medidas propias y a largo plazo para promover la adaptación local, por ejemplo, a la reducción de las fuentes de ingreso local. Por el contrario, la participación local en la reserva co-gestionada de Bolivia parece facilitar el desarrollo de estrategias para la adaptación local, aunque con un éxito cuestionable. Por ejemplo, la reserva de Pilón Lajas apoyó proyectos de agroforestería para la plantación de cacao en las comunidades como una estrategia para encontrar actividades productivas alternativas compatibles con las normativas de conservación y adaptarse a la reducción de los recursos forestales, mejorando su organización y situación económica. Sin embargo, otras estrategias de adaptación impulsadas desde la reserva co-gestionada han fracasado debido a una débil capacidad para la acción colectiva por parte de las comunidades Tsimane’ y el gobierno en su gestión.
 
Ante estos resultados, es necesario seguir investigando sobre cómo la participación local en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales, el acceso a la tierra y la distribución de poder afectan a la vulnerabilidad y adaptación local en el contexto de áreas protegidas co-gestionadas para así informar a las políticas de conservación y guiar los esfuerzos para asegurar el bienestar de las poblaciones locales.
 
 
La investigación que ha llevado a estos resultados ha recibido financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea FP7/2007-2013 bajo el acuerdo nº 282899: "Assessing the effectiveness of community-based management strategies for biocultural diversity conservation (COMBIOSERVE)".