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El desierto de Atacama, ubicado principalmente en el norte de Chile, suele ser conocido como la zona más árida del mundo. Está habitado desde hace miles de años por diversos grupos indígenas que han desarrollado una gestión emblemática de la zona. Bajo sus vastas tierras secas fluyen masas de agua subterránea que se han acumulado desde la glaciación, hace más de 12 mil años. Al mismo tiempo, esta región es el centro de una de las más importantes reservas de recursos minerales entre los que destacan el cobre, el molibdeno, el litio y otros minerales.

A comienzos de la década de 1970 Chile comenzó, por imposición de la dictadura de Pinochet, a ser preparado como laboratorio de políticas neoliberales, lo que desencadenó en una constitución aún vigente que privatizó los bienes públicos, las empresas estatales y exacerbó la noción de lo privado en toda la sociedad. Chile se convirtió en un líder de este modelo con escasas normas para la protección ambiental y con una política de agua que permitió su capitalización. Como resultado, el modelo económico facilitó que algunos de los mayores proyectos de megaminería de cobre del mundo comenzaran a instalarse en el desierto de Atacama alrededor de la década de 1980, convirtiendo a Chile en uno de los principales exportadores.

    La irrupción de la minería en la región empezó a producir conflictos entre las comunidades locales y a poner estrés en los recursos hídricos. Para dar una estimación, la asignación de agua para las empresas mineras es hasta cuatro veces mayor que la utilizada para el consumo doméstico. De hecho, uno de estos proyectos mineros tiene permisos de extracción por más de 446.000 litros por hora. Por esta razón, el principal acuífero de la zona ha aumentado su uso en más de un 1.800%. El problema de las aguas en el desierto es que la tasa de recarga está en niveles bajos o nulos, por lo que las reservas están en grave peligro. Esta es la principal ecuación por la que hay consenso en definir que en el desierto de Atacama existe una crisis hídrica. Sin embargo, descubrimos que este diagnóstico se entiende de manera diferente por los grupos humanos que lo habitan. Para conocer en profundidad este fenómeno desarrollamos una investigación etnográfica en Mamiña, una comunidad indígena quechua ubicada a pocos kilómetros de un proyecto minero (ver figura). Convivimos con la comunidad durante más de seis meses con la intención de comprender a través de sus prácticas y discursos cómo interactuaban con los problemas de la crisis.

Mapa del área de estudio. Fuente: elaboración propia.

Nuestros resultados fueron concluyentes en dos niveles del problema. Desde un enfoque macro, descubrimos que la crisis tiene problemas de gestión más amplios. En primer lugar, se sigue manteniendo el modelo privado de gestión del agua y las leyes de protección ambiental e indígena son tangenciales, por lo que las comunidades nunca fueron consultadas al inicio de los proyectos. En segundo lugar, la institución gubernamental encargada de la gestión del agua tiene problemas en casi todas las estaciones de monitoreo de la zona, no hay un protocolo establecido para la toma de muestras y la mayoría de ellas no cumple los estándares para la correcta medición de las aguas. A nivel microsocial, entre otros hallazgos, establecimos que las empresas mineras han generado clientelismo entre las comunidades al hacerse cargo de necesidades a las que el Estado no llegaba, por ejemplo, obras públicas como caminos o plazas. Con el tiempo han surgido algunas normas que obligan a las empresas a realizar estudios de impacto ambiental. Sin embargo, tienen la posibilidad de compensar económicamente el daño ambiental, lo que ha provocado divisiones entre las comunidades respecto del dinero entregado. Por otro lado, las comunidades tienen una relación diferente con los problemas hídricos. Mamiña, a pesar de estar en el corazón del desierto de Atacama, siempre ha mantenido el acceso a sus aguas y es una de las pocas comunidades que ha registrado su derecho de usufructo sin negociarlo con las empresas, lo que ha producido una burbuja de seguridad en torno a la crisis que afecta a la zona.
    
Los hallazgos nos permiten ampliar algunos aspectos sobre la crisis. En primer lugar, la crisis mundial del agua no solo está relacionada con una cuestión biofísica de disponibilidad y explotación, y aunque también es el resultado de un problema de gobernanza, no se ha considerado hasta ahora que la crisis del agua también se construye socioculturalmente a partir de las particularidades y los significados que cada grupo humano puede darle. En consecuencia, el análisis de la crisis debe articularse con las intersecciones de la economía, la política y la historia y siempre desde un enfoque situado ya que no hay otra forma de aproximarse a los problemas cotidianos que afectan a los grupos humanos. Por último, Chile, hace unos días, rechazó una nueva constitución que le hubiera permitido afrontar estos problemas, sin embargo, la permanencia de la vieja constitución que exacerba la importancia de la propiedad privada hace insustancial cualquier instrumento jurídico centrado en el bienestar social común.